Para las personas que nacimos en la generación del 70, los derechos humanos y la democracia son dos conceptos imposibles de disociar que se cruzan y afianzan en lo discursivo y en la practica, aunque no siempre con la misma intensidad y coherencia.
Si preguntamos a las y los jóvenes de hoy que nacieron bajo gobiernos democráticos, qué es la democracia, la asociación puede aparecer y sumar nuevos conceptos y cuadros de situación, los cuales construyeron en estos 25 años de recuperada la democracia en Argentina.
Los derechos humanos y la democracia, son interdependientes y no excluyentes. Comparten una misma visión y un mismo objetivo: garantizar, para todo ser humano, libertad, bienestar y dignidad.
Los derechos humanos son parte intrínseca del sistema democrático, del mismo modo que la democracia se instituye como el escenario para concretar los derechos humanos. Los derechos humanos aportan los principios de responsabilidad y justicia social al proceso de construcción de la democracia.
El siglo XXI plantea la necesidad de cuestionar, para luego establecer modos de gestión política, económica, social y cultural que concreten el progreso social de todos los miembros de la familia humana, especialmente de las personas y grupos excluidos, las no personas . Esa multitud pobre de América Latina conformada por; las y los excluidos, las y los marginados, las y los mendigos, las mujeres vendidas, las y los niños de la calle, las y los homosexuales, entre otros y otras. Mujeres y niños en su inmensa mayoría.
El preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, advierte;
“... considerando que el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, Considerando esencial que los derechos humanos san protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión...”
La Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada el 10 de Diciembre de 1948, a la cual el gobierno argentino adhirió, ha tenido una serie de olvidos, socavando la democracia y por ende menospreciando las vidas de las personas.
La doctrina de seguridad nacional junto al proyecto neo-colonizador de dominación que ejerce Estados Unidos sobre América latina y el Caribe, es otra dupla conceptual inseparable.
La militarización de América latina, bajo las presidencias de Richard Nixon, 1968-1974 y Gerald Ford, 1974 – 1977. Los Estados Unidos, no logran controlar la situación y fracasa la Alianza para el Progreso. El Informe Rockefeller (1968) será decisivo para la política exterior de Nixon, que cuenta con los militares latinoamericanos como aliados, por lo cual hay que proveerlos de ayuda. La experiencia de Vietnan demostró, en su momento, que no sirve enviar tropas norteamericanas a combatir, sino capacitar a los efectivos locales. Ante el accionar del enemigo subversivo, es recomendable la contra-subversión, el contraterrorismo.
Los militares asumen una “guerra sucia” para garantizar el mundo occidental, cristiano y capitalista contra el comunismo internacional. Los regímenes militares ofrecían mayor seguridad para los Estados Unidos en detrimento de las democracias latinoamericanas.
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas quiebran el orden institucional y derrocando a la presidenta Isabel Martínez de Perón y la arrestan. Asume el poder la Junta de Comandantes en Jefe integrada por el general Videla, el almirante Massera y el brigadier Agosti. La junta designa presidente a Jorge Rafael Videla. Bajo el nombre de Proceso de Reorganización Nacional, comienza la última dictadura militar (1976 – 1983) en Argentina, la cual ha generado censuras, persecuciones, desapariciones de personas, torturas y muertes, entre otras negaciones de derechos.
La coyuntura de 1981 –1982, originada por factores internos y externos inició un periodo de crisis, para el gobierno de la dictadura, acelerando su retirada.
Cabe destacar que entre los factores internos podemos destacar; los reemplazos políticos de Videla por Viola, luego el “golpe interno” de Galtieri por Viola y finalmente Bignone por Galtieri, el inicio de la Guerra de Malvinas con Gran Bretaña y su posterior rendición ante las tropas británicas y las medidas económicas contrapuestas y desesperadas.
Fijan elecciones presidenciales para el 30 de octubre de 1983.
“Con la democracia, se come, se vive y se educa...” Raúl Ricardo Alfonsín en su discurso de campaña presidencial 1983.
El 30 de octubre se realizan las elecciones generales en todo el territorio nacional, la fórmula presidencial Alfonsín – Martínez de la Unión Cívica Radical triunfa con el 52% de los votos. El partido peronista vive su primer derrota en elecciones libres, entre muchos análisis se puede considerar que durante el acto de cierre de campaña del peronismo, el candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Herminio Iglesias quema un ataúd con símbolos de la Unión Cívica Radical e imágenes de su candidato presidencial.
El 10 de diciembre de 1983 Raúl Ricardo Alfonsín, asume la presidencia de la Nación.
Recuperada la democracia, aun persisten estructuras institucionales signadas por la negación y la prepotencia de un régimen dictatorial. Los gobiernos que sucedieron a la dictadura militar, han realizado esfuerzos para hacer de la democracia el sistema de gobierno garante de los derechos humanos. Entendiendo que solo bajo un sistema democrático la vigencia y el disfrute de los derechos humanos son posibles.
Algunas medidas como las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, coartaron uno de los valores democráticos, la justicia. Se iniciaba una etapa democrática signada por la impunidad para las violaciones a los derechos humanos.
Las organizaciones de derechos humanos buscaron diversas estrategias para mantener viva la memoria de las víctimas, en muchos casos sus familiares. Transmitir lo sucedido a la sociedad toda y en especial a las generaciones futuras fue un paso importante. Esa transmisión se dio en el marco de programas y actividades propias de la educación en derechos humanos. La gran mayoría de estas organizaciones de derechos humanos, guiaron a la sociedad en el debate por la impunidad generada por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Algunos gobiernos hicieron caso omiso al debate. Considerando como prioritario sostener el sistema democrático desde el olvido de la memoria.
Las organizaciones de la sociedad civil fueron visualizando en sus mandatos perspectivas relacionadas al fortalecimiento democrático a partir de los valores que representa la Declaración Universal de Derechos Humanos, algunas de forma mas explicita que otras. La sociedad se ha interesado en la temática de los derechos humanos vinculándolo al sistema democrático.
Un paso significativo para la defensa de los derechos humanos en Argentina ha significado la decisión política de poner en debate la constitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, compartiendo el cuestionamiento de los organismos de derechos humanos.
En 2005 la Corte Suprema de Justicia, mediante una sentencia, estableció la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Esta decisión presente un escenario favorable para que se celebren juicios a ex miembros de las fuerzas de seguridad acusados de cometer abusos contra los derechos humanos durante los gobiernos militares. La reparación histórica de la memoria esta signada de esfuerzos colectivos y voluntades individuales.
Estos esfuerzos representan un aporte considerable al sistema de vida democrático. Sin embargo no garantizan el efectivo cumplimiento de todos los derechos humanos. La democracia no es el fin de las violaciones a los derechos humanos. Pero sí es el sistema que permite la denuncia y búsqueda de reparación. Para ello es necesario conocer la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos.
Y este compromiso es responsabilidad de todos y todas.
Un claro ejemplo de la tibieza con la que los gobiernos cumplen sus responsabilidades respecto de la educación en derechos humanos fue lo sucedido con el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en la Esfera de los Derechos Humanos (1995-2004), en el ámbito nacional dicho Decenio, pasó sin pena ni gloria. Sé incumplió con las responsabilidades asumidas ante las Naciones Unidas. Alguien tomo la decisión política de no acompañar esta propuesta mundial, tal y como estaba acordado. La falta de información hizo que ninguno de los sujetos destinatarios sintieran el compromiso de trabajar por esta Década.
Podemos inferir que el gobierno sostiene estrategias restringidas para los derechos humanos, focalizadas en el conjunto de los llamados derechos civiles y políticos en consonancia con las violaciones perpetradas en el pasado. Y sin embargo carece de estrategias para la promoción de los derechos humanos, que desde una perspectiva amplia, incluyen los derechos económicos sociales y culturales.
La Declaración Universal de Derechos Humanos fue redactada por representantes de todas las regiones y tradiciones jurídicas siendo el primer documento que identifico valores universales, como la no discriminación, la igualdad, la justicia, la libertad y la dignidad. Valores que pertenecen a todos y todas.
Junto a la universalidad de la Declaración Universal de Derechos Humanos sumamos el principio de indivisibilidad de los derechos humanos. Es decir, forman un todo integrado, no se puede poner énfasis en los derechos civiles y políticos menoscabando los derechos económicos, sociales y culturales. Aquí radica la pertinencia de la importancia de la Declaración Universal.
El contrato entre los gobiernos y sus pueblos esta representado por la Declaración Universal y corresponde a los pueblos exigir su cumplimiento efectivo.
Identificar cuales son los derechos consagrados en la Declaración Universal, permite que podamos disfrutarlos y exigirlos ante la ausencia de los mismos.
Miles de argentinas y argentinos viven en; pobreza, sin acceso a la justicia, sin una educación de calidad y sin posibilidades de una vida digna. Muchos son torturados en comisarías y prisiones.
Las manifestaciones de trabajadores y trabajadoras sin empleo o en situación de perderlo, han sido victimas de la violencia policial.
Se registraron 373 hechos antisemitas, durante el 2005, el 72,60% ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires.
Las comunidades indígenas sufren discriminaciones de todo tipo, entre las que se incluyen el derecho a la tierras.
Las personas gays, lésbicas, transexuales y bisexuales entre otras manifestaciones de diversidad sexual, ven restringido el ejercicio de su identidad y un igual reconocimiento legal de sus derechos.
El 60% de niños y niñas menores de 18 años viven en hogares pobres e indigentes; el 20% de los niños y niñas en edad escolar están afectados por la exclusión educativa.
Por lo anterior podemos inferir que, en el marco de un contexto mundial, la educación tiene un desafío importante para este comienzo del siglo XXI, que todas las personas conozcan la Declaración Universal de Derechos Humanos, para un posterior disfrute y exigibilidad de sus derechos y sean ellas quienes garanticen la continuidad democrática.
En suma, la democracia es esencial para hacer realidad los derechos humanos y los derechos humanos son esenciales para la construcción de la democracia.
Por ende resulta imperativo gestionar, acompañar y observar los procesos que ofrezcan la posibilidad de construir una sociedad mejor. Ser parte de dicha empresa hará que nuestras vidas recuperen: Los sentidos comunitarios, la voz callada, la dignidad empeñada y sobre todo el derecho a participar.
Participar, desde un enfoque reducido, es formar parte de algo mayor que nos supera y nos trasciende. Pero participar, en un sentido amplio, no solo es formar parte de grupos humanos como: La familia, la escuela, grupos de recreación, religiosos, políticos, etc. De los cuales somos integrantes, también implica intervenir, opinar y decidir sobre las cuestiones que tiene que ver con el grupo y que por lo tanto nos afectan.
Los derechos humanos nunca han avanzado en forma automática, la construcción de la democracia tampoco.
El respeto a los derechos humanos y la construcción de una democracia participativa, como en tiempos antiguos, se ganarán en la lucha diaria contra los valores divisionistas y contra la oposición de los intereses económicos y políticos corruptos.
Las instituciones educativas, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad toda, debemos interactuar como promotores de los derechos humanos y la democracia.
Dialogar, construir puentes y espacios de sinergia institucional permitirá hacer realidad la Declaración Universal de Derechos Humanos, en beneficio de las personas más necesitadas, para las cuales la idea de una vida digna, alejadas del temor y de la miseria es una utopía.
Las instituciones educativas que fomentan el diálogo, construyen propuestas y generan acciones colectivas, basadas en valores que promueven la paz y los derechos humanos, aportan, no solo, a la comunidad en la que están insertas y de la que son parte sino a la comunidad global.
Es tiempo de solidaridad, de organización. Hay que despertar conciencia pública acerca de las violaciones a los derechos humanos y presionar por cambios jurídicos y políticos inclusivos.
Son nuevos tiempos para las Américas, son buenos tiempos para la formación de redes y alianzas.
Patricio A. Cabezas – Argentino - Educador en Derechos Humanos – Miembro del Centro de Participación para la Paz y los Derechos Humanos, de la Red Latinoamericana de Educación para la Paz y los Derechos Humanos del Ceaal y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Educadores para la Paz.
Fuente: AiO Media – http://www.aiomedia.org/
miércoles, 26 de noviembre de 2008
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